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Miércoles, 11 de mayo de 2005

MILES DE URUGUAYOS QUEDARON FUERA DE LA REGULARIZACION EN ESPAÑA

ACUSAN DE "FRACASO" Y "CHAPUZA" LA REGULARIZACION CERRADA EL SABADO


Miles de uruguayos habrían quedado fuera de la normalización para inmigrantes en España

* Al tiempo que el gobierno español calificó como exitosa su campaña de regularización de inmigrantes, organizaciones de defensa de los extranjeros afirman que el proceso fue "una oportunidad perdida". Los uruguayos no llevan la mejor parte.

En el primer día hábil tras el cierre de la mayor campaña de regularización de inmigrantes en España, concluida el sábado, el ministro de Trabajo anunció públicamente como "todo un éxito", los resultados obtenidos. Jesús Caldera anunció en Madrid que se recibió un total de 690.679 solicitudes, y que ahora comenzará otra etapa para detectar y combatir la contratación de inmigrantes sin papeles, con medio millón de inspecciones ya programadas.

"Hemos conseguido aflorar más del 80% de la economía sumergida", dijo el ministro, confirmando que más del 30% de las solicitudes ya están resueltas y el resto será tramitado antes de concluir el mes de agosto próximo. A partir de allí, se anuncia una campaña de "mano dura" contra el empleo irregular. Madrid, Cataluña, y Valencia, son las comunidades en las que más legalizaciones se han aceptado, con tan sólo un 3,15% de pedidos rechazados.

A pesar del contento oficial, en la mañana de ayer lunes existía seria preocupación de distintas organizaciones sociales que trabajan con inmigrantes, entre las que se cuentan representantes de argentinos, ecuatorianos, peruanos y uruguayos. Las más numerosas de estas asociaciones, Argentinos en el Exterior Andalucía (Arex), Federación Nacional de Ecuatorianos en España (Fenadee), Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Federación Andalucía "Acoge", interpretaron el proceso de regularización concluido, como un "fracaso, una oportunidad perdida y una chapuza en el diseño".

Las ONG apuntaron críticamente que "más de la mitad de los indocumentados no va a poder ser contratada, en tanto esta regularización no va a resolver la economía sumergida".

Los técnicos no gubernamentales estiman en casi 900.000 los inmigrantes actualmente en territorio español que no lograron los "papeles", con lo que carecen a partir de ahora de derechos, una realidad que consideran "difícilmente tolerable para una democracia".

En el caso específico de los uruguayos, las consultas efectuadas calificación inicialmente como "escasa" la asistencia compatriota a esta regularización, en tanto había problemas para acceder a corto plazo, a la documentación exigida. Arreglos posteriores en el proceso de regularización, permitieron que la parte más compleja de la documentación exigida por España, fuera de más rápido acceso para los uruguayos. Ello aumentó el número de compatriotas que iniciaron los trámites, aunque no cambió problemas de fondo para buena parte de la colectividad compatriota.

Es que dentro de la diáspora uruguaya existen dos puntos clave: la gran cantidad de trabajadores por cuenta propia, y el tema de las familias que no se ven acogidas por el beneficio de esta amnistía.

Aunque no existen cifras oficiales, se considera que buena parte de nuestra colectividad en España se dedica a trabajos por fuera del circuito contractual. La mano de obra uruguaya más calificada, en distintos oficios de alta demanda en Europa, suele ser a la vez "cuentapropista" e independiente. En este caso, carecen de acceso a la normalización de su estado. Otro problema de alto impacto entre los uruguayos es que los familiares de quienes solicitaron la regularización no se beneficia de modo automático con la misma. Para los emigrantes compatriotas, cuya primera prioridad es llevarse consigo a la parte de la familia que sobrevive en Uruguay, esto constituye un duro revés a resolver.

Las organizaciones de apoyo a los inmigrantes están reclamando al gobierno mayor flexibilidad en la aplicación de dos figuras existentes en el nuevo reglamento: el arraigo laboral y el arraigo social. En el primero se exige un año de contrato laboral y en el segundo tres años de residencia. El contrato laboral por este período generó situaciones de abuso por parte de los empresarios, teniendo en cuenta la situación del mercado laboral hispano. "Lo que en principio fue una salida a la economía sumergida está sacando a flote la falta de previsión y la insensibilidad de un gobierno que va a dejar en la cuneta a miles de inmigrantes, condenándolos a la marginación y al empleo precario", condenaron las entidades andaluzas, reunidas el fin de semana en Algeciras. Se estima que en Andalucía hay por lo menos 100.000 inmigrantes a regularizar.

A nivel político partidario, la oposición tampoco ha quedado atrás. La secretaria de Asuntos Sociales del Partido Popular recusó el discurso exitoso del ministro de Trabajo. "El ministro Caldera no ha visitado nunca un centro de inmigrantes, ni ha hablado con sus familias. Sólo se hace fotos con ellos para la prensa, los fines de semana", afirmó.

Del total de 690.679 solicitudes, el mayor número (58.000) se presentó el último día, el 7 de mayo. Un 3,1% fue denegado, y se estima que otro 9% está pendiente de algún certificado, lo que podría elevar aun más las negativas.

Los trabajadores extranjeros regularizados en abril, fueron 45.000, previéndose que ahora aumente en forma exponencial, lo que significa una inyección a las arcas públicas de 118 millones de euros, mensuales.

Esta focalización del proceso, que beneficia al Estado, empresarios e inmigrantes, tiene también su contracara en los meses por venir.

Para los empresarios el problema será la lucha contra el fraude que desatará el gobierno. Para los inmigrantes sin papeles, por supuesto que nuestros compatriotas incluidos, el ahora peligro cierto de ser repatriados en caso de no alcanzar los requisitos mínimos para el permiso de trabajo. El ministro Caldera ya anunció que se repatriará "de forma humanitaria" a todos los extranjeros que no estén contemplados por el Reglamento de Extranjería.

El número final de los extranjeros que ahora permanecen en España "sin papeles", alcanzaría según el gobierno a poco más de 120.000. Para las ONG la cifra trepa a casi un millón. El número de uruguayos en esta situación es al momento, incalculable.

Por: Carlos Cáceres Durán | NOTICIAS DE URUGUAY | Comentarios (0) | Referencias (0)